Absolutamente solo está el régimen de los Arias en el intento de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reforzar la reforma ya plasmada en el TLC y las leyes complementarias.

Se han abierto tres frentes de oposición al proyecto: el sector de los riquillos criollos enriquecidos y testaferros de las corporaciones mercantilistas internacionales, con su buque insignia de la información y la “opinión pública” a la cabeza;  pensadores reconocidos familiarizados con el saber constitucional y político; y algunos voceros de organizaciones sociales.

La unanimidad de la reacción en contra del proyecto arista y las razones esgrimidas colocan al gobierno en una posición muy precaria. ¿Saldrán derrotadas las aspiraciones aristas? ¿Habrá negociación? ¿En qué términos? ¿Cómo jugarán las fuerzas sociales de futuro?

Javier Solis

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Constituyente
Ficha técnica

1. ¿Qué es?  La Asamblea Constituyente es un órgano colegiado que tiene como función dictar una reforma general de la Constitución Política, es decir, hacer una nueva. Es la depositaria del poder constituyente originario o primario, soberano, supremo y directo que tiene un pueblo, para constituir un Estado dándole una personalidad y la organización jurídica y política que más le convenga. No está sometida a ninguna ley, norma o poder constituido. Se distingue del poder constituyente derivado, que tiene la Asamblea Legislativa para aprobar reformas parciales del texto constitucional. Una vez concluida su labor, la Asamblea Constituyente desaparece.
   
   
2. ¿Quiénes la forman? La forman los diputados constituyentes elegidos en proceso electoral propio.
   
   
3. ¿Cómo se elige? Se elige por sufragio universal y directo de los ciudadanos con derecho a voto, de acuerdo con las normas que establezca la Ley de Convocatoria, en un proceso similar  a la elección de la Asamblea Legislativa o del presidente de la república.
   
   
4. ¿Quién la convoca? La convoca la Asamblea Legislativa mediante una ley aprobada por lo menos por los dos tercios del total de sus miembros (38). En esa ley se establecen la fecha de la elección, la fecha de constitución, el período de vigencia, el número de diputados constituyentes y la forma en que se van a elegir: por partidos, por provincias, por cantones, etc.  
   
   
5. ¿Qué poderes tiene? No tiene ninguna limitación en cuanto al contenido del nuevo texto, a la modalidad de su funcionamiento (reglamento, orden de las intervenciones, sistema de comisiones y votaciones, etc.). Tiene poder de variar los términos de su propia convocatoria, porque no hay poder político ni legal por encima de ella. Puede aprobar la organización del estado que le parezca mejor y establecer los derechos y deberes generales de los ciudadanos.
   
   
6. ¿Que consecuencias tiene? De la Asamblea Constituyente sale la organización de los tres poderes del estado o poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los cuales  serán derivados, es decir,  quedarán limitados y regulados normativamente por la voluntad del poder constituyente. También las competencias de las municipalidades y de otros órganos como la CCSS, las instituciones autónomas, las empresas públicas, etc. Los poderes constituidos son los instrumentos o medios establecidos en la Constitución, a través de los cuales se cumplen las funciones del estado y son necesarios para alcanzar los fines y propósitos de una sociedad organizada, según lo ha dispuesto una Asamblea Constituyente.
   

Convocar a una asamblea constituyente es refundar la república.

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Las razones de la oposición están diversificadas. El primer grupo arguye que la convocatoria es inconveniente e inoportuna porque la ingobernabilidad no se origina en la Constitución actual sino en la incompetencia del Gobierno. Pero sobre todo porque “no se sabe qué nacerá del complejo parto”. En una reunión de los empresarios explícitamente se mencionó la amenaza que representa la oposición mayoritaria al TLC. Es decir, los que se supone eventuales beneficiarios de una nueva constitución se sienten débiles para hacer una nueva a su medida.

Los constitucionalistas y juristas reconocidos, no sin disidencias, se pronuncian por reformas parciales y no por un poder originario constituyente, porque el texto actual no ha perdido vigencia, dicen, como instrumento de convivencia democrática. Le tienen horror al nivel de ocurrencia del Ministro-hermano y, sobre todo, a lo que pueda resultar de esa asamblea. Es decir, también se saben débiles para garantizar el mantenimiento de los valores básicos de la república y para formular los nuevos que puedan dinamizar el desarrollo nacional, no sólo de las corporaciones mercantilistas.

Los voceros de las organizaciones sociales tienen en común la desconfianza hacia toda iniciativa proveniente del Gobierno. Si proviene del tándem de los Arias, hay que oponerse. Es una trampa. Tiene que ser un proyecto antipopular y antidemocrático.

No sabemos cuánto oxígeno va a tener la iniciativa del fraterno equipo de gobierno. ¡Ojalá  se entablara un debate nacional! Es poco probable porque este no es un país de debate ni confrontación. Los dueños de los medios son dueños también de la verdad y no están interesados en ponerse a pensar ni debatir. Ya lo saben todo. Las posibilidades de debate son escasas.

Pero si se diera, habría que tomar en cuenta varios factores importantes:

• Primero: es cierto que el movimiento popular y democrático que se manifestó en la lucha contra el TLC está actualmente desorganizado e inmovilizado, víctima de los prejuicios políticos que le infundieron sus impulsores en esa lucha. Por primera vez así lo reconoció hace unos días uno de sus más entusiastas voceros. Pero nadie nos dice que no pueda resurgir con más fuerza aún. ¿No será una convocatoria a una asamblea constituyente el detonante de la resurrección esperada?
  
  
• Segundo: es comprensible que los sectores beneficiados estén omitiendo mencionar las reformas, incluso constitucionales, contenidas ya en el TLC. Pero ni los eruditos constitucionalistas ni el movimiento popular -lo que sea que éste sea- pueden hacerlo. El TLC es la introducción de un nuevo modelo político filosóficamente contrario a nuestra tradición democrática y social ya institucionalizada. Peor aún, está hecho a la medida de los intereses comerciales de una poderosa nación extranjera que no está por jugar limpio. El actual texto constitucional va  a quedar pintado en la pared, con la diligente colaboración de la Sala Constitucional y de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia. ¡No digamos de 39 diputados a la actual Asamblea Legislativa! 
  
  Además ¿hemos calculado los cambios contenidos en las leyes complementarias? Cuando veamos su aplicación en el sistema de salud y de educación nacional será el llanto y rechinar de dientes. ¿Vendrá entonces un tiempo más oportuno para rectificar y emprender un camino que no sea el de un sistema político-económico derrotado que representa el TLC?    
  
  
• Tercero: para liberar las fuerzas contenidas en la mutación social experimentada en el mundo durante los últimos cincuenta años son necesarios nuevos criterios políticos. ¿No es anacrónica gran parte de nuestro texto constitucional? Claro que lo es. ¿No ha tenido que violarlo o forzarlo la Sala Constitucional para adoptar el TLC? El inmovilismo no es comprensible a no ser por escasa conciencia de los cambios sociales ocurridos o por venir, o de la aceptación de la incapacidad política de fuerzas renovdoras.
  
  
• Cuarto: ¿quién dice que no tenemos sabios constitucionalistas capaces de tutelar un nuevo texto constitucional con visión de futuro y rescate de los valores consagrados en casi doscientos años de vida republicana?  ¿No hay entre ellos quién quiera profundizar la democracia, por ejemplo, con la institución de la revocatoria del mandato de los cargos de elección popular como el presidente, los diputados, los alcaldes o los regidores, mediante un referéndum popular? ¿O el fortalecimiento de los gobiernos municipales, los cabildos, la auditoría ciudadana, las competencias de la Defensoría de los Habitantes?
  
  
• Quinto: por supuesto, la gran interrogante y base de la reacción primaria de oposición está en la selección de los constituyentes. Los partidos políticos actuales están vacíos de representatividad como consecuencia de la ausencia de proyecto político de futuro, de la corrupción, del clientelismo y de la ineficiencia. No podríamos esperar que en una ley de convocatoria a la Constituyente se abran otros espacios para la presentación de candidatos que no sean los partidos legalmente inscritos. Eso limita mucho el universo de participación. De todos modos, en ese o en cualquier escenario, si el movimiento popular, patriótico o como se llame, no se convierte en una fuerza social organizada, capaz de aunar a la mayoría de la población y de cautivar a las mentes más destacadas de este país, cualquier constituyente será una amenaza. Es decir, el quid no está en la convocatoria o no, sino en la existencia de una fuerza social con visión de futuro. La tesis de las reformas parciales deja incólume esta variable. ¿Quién va a hacer las reformas parciales? ¿Los actuales diputados a la Asamblea Legislativa u otros del mismo nivel?
  

Una Constituyente puede ser un fiasco para la democracia nacional. Pero podría ser también una oportunidad, de aglutinamiento y organización de nuevas fuerzas sociales, como en 1948.

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