Hoy los usamericanos van a demostrar que quieren mirar hacia adelante y contruir un futuro. Un pueblo de escasa educación, gran pasividad política y embrujado por el “sueño americano” de hacerse rico rápidamente, va poner un punto y aparte en su historia. Vamos a ver hasta dónde llega. Pero dio un paso.En Costa Rica vamos derrota tras derrota. El apelativo de “repúblicas bananeras” nos lo ganamos algunos países de la América tropical por los contratos-ley que nos entregaban atados de pies y manos a las compañías bananeras usamericanas. No estaban sometidas a la ley nacional, explotaban a nuestros obreros y se llevaban por míseros centavos nuestras riquezas vegetales y minerales. Ante muchos europeos y americanos nosotros seguimos siendo una “banana republic”: empobrecidos, ignorantes, atrasados, incapaces de reaccionar y defendernos, marionetas de políticos vivillos corruptos.Del Gobierno ya no nos extraña nada. Está dispuesto a entregarnos para siempre a las compañías transnacionales americanas. Lo hace, además, con la ética de la mentira y el chantaje, formulada en el famoso Memorándum Casas-Sánchez y cuyo único pecado fue para los plumíferos a sueldo haber sido hecho público. El Gobierno está dispuesto a entregar la biodiversidad, las playas, el agua, los bosques, los Parques Nacionales, todo. Lo único que cuenta es el oro, el dinero. Tiene cómplices del más alto nivel en el Poder Judicial y no digamos nada del rebaño de diputados dignos de lástima u objeto de vergüenza.En el caso de Alterra -poderoso caballero es don dinero- tiene el poderoso silencio cómplice de la misma prensa. Si la Contralora General de la República, señora Rocío Aguilar, aprueba el falso “addendum” del contrado de concesión de administración del aeropuerto internacional, propuesto por Alterra e insistentemente apoyado por el Gobierno, pues seguiremos siendo una “banana republic”, en el más crudo de los realismos, aunque los usamericanos elijan a Barack Obama.Les propongo hoy un artículo de Irene Interra sobre el recurso presentado ante la Contraloría General de la República, por un grupo de los más calificados y honorables ciudadanos y de diputados. Para los que quieran el texto completo del documento, agrego el archivo en pdf. js 
Nos encontramos al borde de la historia, a punto de caernos en el abismo que tragará para siempre nuestra República Democrática; hasta aquí nos ha llevado una seguidilla de gobiernos empeñados en arrebatarnos el futuro, obstinados en moler a golpes el Estado de Derecho, comprometidos únicamente consigo mismos, seducidos por las falsas promesas de una globalización que ha resultado trágica para el mundo. Y no hay tregua, ni respiro, ni descanso en esta pertinaz carrera por entregar el país al mejor postor o al peor postor, no importa cual siempre que sea extranjero.
En este particular momento de nuestra realidad nacional, atormentada por decisiones disparatadas y literalmente arrasantes de quienes ejercen el poder público, un grupo de ciudadanos responsables, con el apoyo de casi un tercio de los diputados que integran la Asamblea, se ha presentado ante la Contraloría General de la República para solicitar que se ponga fin al despilfarro de fondos públicos que ha significado el Contrato de Gestión Interesada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Así tal cual. Bueno, así con esas palabras no lo dicen, pero yo creo que esa es la idea.
Una digresión histórico-informativa antes de comentar el recurso. Alterra Partners es la empresa que celebró (literalmente) un contrato de gestión interesada (¿sugerente el nombre de esta figura jurídica?) para administrar el aeropuerto Juan Santamaría y construir las obras que aún faltaban en el proyecto de modernización. A cambio de sus servicios Alterra recibiría un porcentaje de los impuestos aeroportuarios. Parte de las obras (etapas I y II) debían entregarse -terminadas por supuesto- en el año 2004, pero la gestión de Alterra y el correspondiente cobro continuaban hasta el 2021.
Con poco camino recorrido, la empresa alegó un desequilibrio financiero, paralizó la construcción y pretendió modificaciones contractuales que no le fueron aceptadas. Finalmente, Alterra decidió retirarse y ceder sus derechos a otro gestor; para esto se pretende celebrar un nuevo contrato disfrazado de "addendum" al contrato anterior. El disfraz cubriría la ilegalidad del asunto.
Debo aclarar que esa hermosa terminal que todos conocemos y sus amplios parqueos ya estaban allí cuando Alterra apareció en la escena; eso "…se hizo en dos años por diseñadores, ingenieros y constructores costarricenses, con las debidas licitaciones…" Cerrada la digresión, vayamos al grano, quiero decir a la solicitud de ciudadanos y diputados.
En lenguaje jurídico, se trata de un recurso de revocatoria, con apelación en subsidio ante la Contralora, presentado el día 23 de octubre pasado, contra la resolución de la División de Contratación Administrativa de la CGR que acepta la propuesta del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) para el nuevo gestor del Aeropuerto Juan Santamaría. Y yo agrego: en un escrito de 20 páginas, tan revelador como escalofriante, quienes suscriben desgranan una mazorca de atrocidades jurídicas de proporciones inauditas, que fue creciendo a despecho de cuanto reclamo se presentara para frenar semejante engorde.
Según los recurrentes, los términos del nuevo convenio otorgan inaceptable impunidad al antiguo gestor. Alterra paralizó las obras por cuatro años mas nunca dejó de cobrar su participación en el 64.8% de los ingresos del aeropuerto y acumuló la friolera de unos 150 millones de dólares. Cualquiera entiende que si el compromiso de construir no se honraba tampoco debió cobrar; que si las obras no se hacían, el gobierno no debió pagar; y yo pregunto, ¿cómo es posible que se siguiera entregando un porcentaje tan alto de los impuestos a cambio de nada y por tanto tiempo? No solo es un abuso sino que es ilegal y aún así ¡ni siquiera se contempla el asunto en el nuevo convenio!, "lo cual es muy grave, porque podría tipificar figuras penales" como bien señalan los recurrentes.
Pero eso no es todo; según consta en el documento, Alterra recibió de los bancos 90 millones de dólares, aún impagos y se calcula en 40 millones de dólares el monto que debe en multas, puesto que no entregó las obras terminadas en el 2004 como era su obligación. En síntesis, 280 millones de dólares pasaron a manos de la empresa, de los cuales solo unos pocos se gastaron en mantenimiento y pago de intereses a los bancos; el Estado recibe obras cuya inversión apenas llega a 62,1 millones de dólares y, para colmo de males, acepta que Alterra se retire anticipadamente -recordemos que el contrato vencía en el 2021- sin devolver un cinco de lo que cobró ilegalmente y sin pagar multas.
¡Caramba! Digo yo. A cualquier encargado de pulpería que no cobre lo que le debe la señora de la esquina desde hace dos meses, o por lo menos una parte de la deuda, lo despiden por mala administración de bienes ajenos, pero el gobierno regala graciosamente impuestos a una empresa privada y ¡no pasa nada! Esto no puede, no debe quedar así. Esperemos que la CGR reaccione y dicte a tiempo la revocatoria de ese convenio. Porque aún hay más…
Señalan los recurrentes que de los términos aceptados al nuevo gestor, Houston Airport System (HAS), se derivan peores perjuicios para el Estado costarricense. En efecto, tienen toda la razón los recurrentes porque el contrato se extiende por cinco años más, hasta el año 2026, y esto aumenta los ingresos del gestor en 300 millones de dólares (son los estimados para esos cinco años extra). Por lo tanto, HAS ingresaría a sus arcas un total de 900 millones de dólares entre el 2008 y el 2026, a cambio de terminar unas obras aeroportuarias cuya inversión no sobrepasa los 70 millones de dólares y de ocuparse de las tareas de mantenimiento que no disminuyen significativamente esos ingresos.
Pienso que esto no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo cabeza con alguna neurona dentro. Tal vez responda a una nueva forma de promocionar la inversión extranjera en el país bajo el lema: "¿Le gusta el dinero fácil? Venga a Costa Rica y encárguese de un aeropuerto" O tal vez se ha difundido por Internet que el contrato de gestión interesada en Costa Rica es como una indulgencia plenaria para contratistas omisos. Pero yo no he tenido noticias de algo así. ¿Ustedes? Disculpen esta segunda digresión, sigo con el documento. Y prepárense para lo que van a leer...
Como HAS está vinculada a la ciudad de Houston, Texas, cualquier controversia sobre la ejecución de este nuevo convenio (y podrían ser muchas a juzgar por la experiencia anterior) sería resuelta en el Condado de Harris, Texas, conforme a las leyes de los Estados Unidos. Así es, y para que no queden dudas transcribo lo que figura en la Sección 10 del acuerdo, según el recurso de revocatoria: "las leyes del Estado de Texas, la Carta y las Ordenanzas de la ciudad, las leyes del gobierno federal de los Estados Unidos y todas las reglas y reglamentos de cualquier organismo regulador con jurisdicción. El lugar en caso de cualquier litigio relacionado con este Contrato es el Condado de Harris, Texas."
Esa cláusula, además de ser contraria a nuestro ordenamiento jurídico, al propio Cartel y al Contrato de Gestión Interesada, como señalan los impugnantes, creo que es contraria al más elemental resguardo de nuestra soberanía y constituye una afrenta, ¡¡¡consentida por el gobierno!!!, a la Nación. Aún no ha entrado en vigencia el TLC y ya la delegación de jurisdicción a tribunales extranjeros pretende adelantarse entrando por la puerta chica de un simple "addendum" a un contrato administrativo. No debe admitirse semejante atropello.
Según se consigna en el documento, la CGR había advertido en reiteradas ocasiones que las autoridades actuaban de manera irresponsable, ignorando sus órdenes, a contrapelo de las más elementales reglas del Derecho Administrativo, configurando hechos pasibles de tipificación penal. Nada cambiaba. Finalmente ordenó al CETAC formar una comisión investigadora y esa orden se cumplió. En su informe final, la comisión "…recomendó iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, la resolución del contrato y el cobro de las multas y de los daños causados…" (el subrayado es mío, no figura en el original). La recomendación, dada en el 2006, aún espera que alguien se digne ejecutarla.
La CGR rechazó en cuatro ocasiones las propuestas de "addendum" remitidas por el CETAC. Sin embargo, ahora acepta una propuesta más lesiva que las rechazadas, afirman los recurrentes, y esto, señalan, es "gravemente ilegal y absolutamente nulo" porque constituye un cambio esencial en el contrato de gestión interesada e impone a los usuarios el pago de "…tres o cuatro veces los precios contemplados en el Contrato original…". Como obligado corolario de todo lo anterior, agregan: "Costa Rica se quedó rezagada en comparación con los demás países de la región y perdió excelentes oportunidades de atraer inversiones y turismo."
Con el nuevo convenio el perjuicio será aún mayor pues al extender el plazo del gestor se demorará la construcción del aeropuerto en Orotina, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista como indispensable para el 2018 según proyecciones de la demanda de servicios aeroportuarios. Por eso, alegan quienes suscriben el recurso, "…es evidente que lo único razonable es que el gobierno haga la obra, tal como lo hizo con gran éxito en el pasado, cuando construyó la actual terminal en apenas dos años y con igual éxito se ha realizado en Centroamérica y Panamá, en que los gobiernos lo han hecho directamente."
En la petitoria se solicita expresamente "anular lo resuelto y rechazar la petición del CETAC en todos sus extremos, así como exigirle a éste que cumpla con la resolución del contrato, tal como oportunamente se le dijo, y para este efecto hacer efectiva la posición de suprema autoridad en materia de control que ejerce esta Contraloría sobre la Administración Pública."
El recurso lleva las firmas de los ingenieros Rodolfo Silva, Ex Ministro de Transportes, Manuel Sáenz, Ex Viceministro de Transportes y Rodrigo Cuesta, Ex Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil así como también las del Licenciado Juan José Sobrado, Don Otto Escalante, Ex Director General de Aviación Civil y los diputados Marvin Rojas, Francisco Molina, Alberto Salom, Sergio Alfaro, José Joaquín Salazar, Orlando Hernández, Patricia Quirós, Ronald Solís, Olivier Pérez, Rafael Madrigal, José Rosales, Leda Zamora, Lesvia Villalobos, Grettel Ortiz, José Merino, Oscar López y Mario Quirós.
Por el momento solo nos resta esperar de la Contraloría General de la República una resolución que acepte la petición, conforme a los principios y normas de nuestro ordenamiento jurídico. Sería así una resolución que antepone los intereses públicos a los privados, como corresponde; sería una resolución que no amortaja nuestro futuro económico a la vez que resguarda nuestra soberanía. Solo así sería una resolución JUSTA. Eso pienso yo. Y mientras aguardo que así se resuelva, aplaudo efusivamente la iniciativa de los recurrentes que se suma a las valientes demandas que repican en toda la geografía nacional contra el desafuero de las autoridades.
Nos encontramos al borde de la historia, pero no han logrado que salgamos de ella. Se han levantado muchas voces y se han unido muchas manos para evitar la caída. Y al borde del abismo se ha plantado una valla forjada por el coraje, la conciencia lúcida y el tesonero trabajo de quienes no hemos perdido la esperanza de un retorno a la honradez, a la racionalidad, a la verdad, a la legalidad y a la búsqueda del bien común en el manejo de los asuntos públicos.
¿Ustedes qué opinan?
Irene Interra
30 de octubre de 2008
